En un panel organizado por American Community Media, destacados expertos en derecho constitucional, inmigración y derechos civiles advirtieron que el plan de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento representaría una ruptura radical con la tradición legal de Estados Unidos, socavaría la Enmienda 14, y profundizaría la crisis democrática del país.

En el panel titulado ¿Puede el presidente Trump eliminar legalmente la ciudadanía por nacimiento?, organizado por American Community Media, los expertos coincidieron en un punto crucial: la propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento no solo es inconstitucional, sino que podría desencadenar una grave crisis legal y humanitaria.

Durante el evento, los participantes analizaron la orden ejecutiva anunciada por Donald Trump para el primer día de un hipotético segundo mandato. La orden busca acabar con la ciudadanía automática para los hijos nacidos en EE. UU. de inmigrantes indocumentados o personas con visas temporales. Esta medida amenaza con crear una generación de niños apátridas en un país donde la ciudadanía por nacimiento ha sido una piedra angular desde el siglo XIX.

Un ataque directo a la Enmienda 14

“El presidente no puede simplemente firmar un documento y decidir quién es ciudadano y quién no. Eso lo define la Constitución”, advirtió Martin Kim, director de Defensa de Inmigración en Asian Americans Advancing Justice (AAJC). Según Kim, la orden ejecutiva representa un intento sin precedentes de reinterpretar la Enmienda 14, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, con excepciones muy limitadas.

“La propuesta de Trump es peligrosa. Busca ejercer un poder unilateral para decidir quién pertenece a este país. Si la ciudadanía puede ser retirada a voluntad, el derecho se debilita para todos, no solo para los inmigrantes”, explicó.

Kim también criticó la falta de claridad sobre cómo se implementaría la orden: “No hay un plan. Los hospitales y agencias estatales no sabrían cómo responder si esto se pone en práctica. Generaría un caos legal, administrativo y humano”.

255,000 bebés al año—sin país, sin derechos

Desde el punto de vista de la investigación demográfica, Julia Gelatt, subdirectora del Programa de Política Migratoria de EE. UU. en el Migration Policy Institute, sostuvo que la orden tendría el efecto opuesto al que pretende.

“La orden afirma que reduciría la migración irregular, pero el impacto real sería el contrario. En 20 años, la población sin ciudadanía aumentaría en 2.7 millones. En 50 años, llegaría a 5.4 millones”, afirmó Gelatt.

Según sus proyecciones, unos 255,000 bebés nacerían cada año en EE. UU. sin acceso automático a la ciudadanía. Muchos quedarían atrapados en un limbo legal. “Si sus padres provienen de países con relaciones diplomáticas tensas—como Venezuela o Rusia—es probable que no puedan registrar a sus hijos en sus consulados. Eso los dejaría apátridas”, advirtió.

Más allá de las implicancias legales, Gelatt señaló consecuencias sociales más amplias: “Estos niños crecerían sin acceso a becas, empleo legal o derechos plenos. Eso afecta a todo el país. No se trata solo de inmigrantes—se trata de nuestro futuro colectivo”.

Una ofensiva política contra los latinos

Desde una perspectiva legal, César Ruiz, abogado de Latino Justice, denunció que la medida forma parte de una estrategia más amplia para deshumanizar a la población latina.

“Sabíamos que detrás de la retórica de campaña de Trump vendrían acciones concretas contra nuestra comunidad. Esto es una escalada. Por eso presentamos una demanda desde Nueva York—un estado con una rica historia de acogida a inmigrantes”, dijo Ruiz.

Explicó que su organización representa a dos instituciones—la New York Immigration Coalition y Rural Migrant Ministries—así como a dos personas vulnerables. “Estamos defendiendo a personas que actualmente tienen hijos que, si esta orden entra en vigor, nacerían sin ciudadanía. Eso es inaceptable”, enfatizó.

Ruiz también subrayó el trasfondo político de esta ofensiva legal. “No es coincidencia que esta propuesta surja en un año electoral. El objetivo es movilizar a la base conservadora apelando al miedo, la desinformación y el resentimiento étnico”.

La ciudadanía no es negociable

Para el profesor Robert S. Chang, director ejecutivo del Korematsu Center for Law & Equality de la Facultad de Derecho de UC Irvine, el debate va mucho más allá de la política migratoria. “La ciudadanía por nacimiento es un pilar de nuestra democracia. Eliminarla plantea la pregunta de quién puede participar plenamente en la vida política, económica y social de Estados Unidos”, afirmó.

Chang también destacó la dimensión histórica de esta ofensiva legal. Recordó que la Enmienda 14 fue creada como respuesta directa a los esfuerzos por excluir a los afroamericanos del pacto nacional tras la abolición de la esclavitud.

“Los esclavistas, los segregacionistas y ahora los ultraconservadores han intentado históricamente limitar este derecho. No podemos permitir que ese ciclo se repita”, subrayó.

A su juicio, eliminar la ciudadanía por nacimiento revertiría más de 150 años de avances en derechos civiles. “Ser ciudadano por nacimiento no es un privilegio que otorga el Estado—es un derecho constitucional que protege la dignidad y la igualdad de toda persona”, concluyó.