En un panel organizado por American Community Media (ACoM), especialistas de derecho, demografía y migración analizaron el impacto de una posible eliminación de la ciudadanía por nacimiento, alertando sobre efectos económicos, sociales y generacionales que podrían transformar la estructura del país.

En medio de un debate que ha vuelto al centro de la agenda política en Estados Unidos, la posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento —garantizada por la Enmienda 14— plantea preguntas que van más allá del ámbito legal.

¿Se trata de una discusión constitucional o de una redefinición de quién pertenece al país? Esa fue la premisa que marcó el panel organizado por ACoM, donde expertos abordaron las consecuencias de una medida que podría afectar a millones de personas.

En el centro de la discusión se encuentra una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.

Moderado por la periodista Sunita Sohrabji, el panel incluyó al profesor de derecho Hiroshi Motomura (UCLA), el investigador Phillip Connor (Princeton), la demógrafa Julia Gelatt (Migration Policy Institute) y Xiao Wang, CEO de Boundless Immigration.

Más que una reforma legal: una redefinición del país

Para Motomura, el debate no puede reducirse a una interpretación jurídica. En una entrevista presentada durante el panel, el académico sostuvo que la ciudadanía por nacimiento forma parte de una visión histórica de Estados Unidos como una nación inclusiva.

“El tema fundamental es qué tipo de país es Estados Unidos”, señaló, al explicar que la Enmienda 14 no solo corrigió exclusiones históricas —como el fallo Dred Scott— sino que estableció una idea de pertenencia basada en el nacimiento y no en el origen familiar.

En ese sentido, advirtió que limitar este derecho implicaría un cambio profundo en la identidad del país, al excluir a personas que han nacido y crecido en territorio estadounidense, pero que podrían dejar de ser reconocidas como ciudadanas.

Una población sin estatus: efectos sociales y educativos

Uno de los efectos más reiterados durante el panel fue la creación de una población sin estatus legal. Julia Gelatt explicó que, de eliminarse la ciudadanía por nacimiento, miles de niños comenzarían su vida en Estados Unidos sin reconocimiento legal.

Según sus estimaciones, alrededor de 255.000 niños por año podrían nacer sin estatus, lo que, a largo plazo, incrementaría significativamente la población inmigrante no autorizada.

Para la especialista, esto no solo tendría consecuencias inmediatas —como la falta de acceso a programas públicos— sino también efectos estructurales. “Se crearía una clase permanente de personas excluidas”, advirtió, señalando que estas limitaciones afectarían el acceso a educación superior, empleo formal y estabilidad económica.

Además, enfatizó que estas restricciones podrían reducir las aspiraciones educativas de los jóvenes, al saber que, incluso con estudios avanzados, no tendrían acceso a trabajos legales.

El panel también abordó cómo la eliminación de la ciudadanía por nacimiento podría afectar el acceso a derechos básicos, como la educación. Se recordó el precedente del caso Plyler v. Doe (1982), que garantiza el acceso a la educación pública para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, algunos estados ya evalúan medidas que podrían restringir este derecho, lo que abriría la puerta a nuevos desafíos legales.

Los especialistas advirtieron que excluir a niños del sistema educativo no solo tendría consecuencias individuales, sino también sociales. La falta de acceso a educación podría derivar en una población menos preparada, con menor capacidad de inserción laboral y mayor vulnerabilidad.

Impacto económico y pérdida de talento

El análisis económico presentado por Phillip Connor introdujo otra dimensión clave: el impacto a largo plazo en la economía estadounidense.

A partir de datos censales, el investigador estimó que millones de personas que hoy se benefician de la ciudadanía por nacimiento han contribuido significativamente al crecimiento económico del país. En total, calculó que estas poblaciones han generado al menos 7,7 billones de dólares en ingresos a lo largo de un siglo.

Además, proyectó que, de mantenerse la política actual, futuras generaciones podrían aportar al menos un billón adicional en las próximas décadas. Sin embargo, advirtió que eliminar este derecho implicaría una pérdida considerable de trabajadores calificados.

“Dos tercios de estos individuos acceden a ocupaciones que requieren educación superior”, explicó.

Además, destacó que la ciudadanía facilita el acceso a estudios universitarios y, por ende, a mejores oportunidades laborales.

Desde otra perspectiva, Xiao Wang subrayó que esta política también afectaría la capacidad del país para atraer talento internacional. “Las personas no solo evalúan un salario o un trabajo, sino si pueden construir una vida estable para sus hijos”, afirmó.

En un contexto donde Estados Unidos podría enfrentar una escasez de más de 86.000 médicos para 2036, la incertidumbre migratoria podría desincentivar la llegada de profesionales, especialmente en sectores críticos como la salud y en comunidades rurales.

Una decisión que puede redefinir vidas

Una conclusión a la que llegaron los especialistas fue que la ciudadanía por nacimiento no puede limitarse a una discusión legal inmediata. Sus efectos se proyectan no solo en la economía o en la política, sino en la vida concreta de millones de familias migrantes.

Cuestionar este derecho implica abrir la puerta a que miles de niños crezcan sin reconocimiento legal en el país donde nacieron. Este riesgo no es abstracto: se vincula directamente con el sistema de detención migratoria de Estados Unidos, administrado por Immigration and Customs Enforcement (ICE), que ya enfrenta múltiples denuncias por abusos.

En 2025, según reportes de prensa, al menos 32 personas murieron bajo custodia de ICE, el número más alto en dos décadas, en un contexto de hacinamiento, negligencia médica y deterioro de las condiciones de detención.

Para 2026, esa cifra siguió aumentando, con nuevas muertes registradas en los primeros meses del año. Investigaciones y reportes también han documentado casos de aislamiento prolongado y abuso físico.

Eliminar la ciudadanía por nacimiento no solo redefine quién pertenece al país, sino también quién queda expuesto a este sistema. Más que una reforma legal, lo que está en juego es la posibilidad de ampliar una estructura de vulnerabilidad que impactaría, sobre todo, a quienes nacen en el margen.