Sigo defendiendo firmemente la supervisión civil de las fuerzas del orden locales, como parte de un compromiso más amplio con la transparencia y la rendición de cuentas; un compromiso que trasciende la Medida P y que servirá de principio rector en mi labor como supervisora ​​del condado. Joanna Paun Al mirar hacia el futuro del condado de Sonoma, creo que debemos liderar con un enfoque preventivo: proteger a las personas antes de que lleguen a una situación de crisis, fortalecer los sistemas existentes y garantizar que el dinero de los contribuyentes se invierta en soluciones en lugar de en problemas evitables que generan costos futuros.

Asequibilidad y estabilidad de la vivienda: No podemos tener un condado seguro y saludable si los residentes no pueden permitirse seguir viviendo aquí. Dado que los residentes mayores de 60 años constituyen el segmento de población con mayor crecimiento entre quienes sufren falta de vivienda e inestabilidad habitacional, necesitamos mayores protecciones para las personas mayores y los residentes de larga data. Políticas como la protección de las casas móviles y la preservación de las opciones de vivienda asequible a precio de mercado pueden evitar el desplazamiento. Cuando las personas pueden costearse la vivienda, la alimentación y la atención médica, nuestra comunidad y nuestra economía prosperan; además, los programas públicos pueden centrarse en ayudar a los residentes a progresar, en lugar de limitarse a reaccionar ante crisis constantes.

Seguridad pública y rendición de cuentas: Una seguridad pública sólida requiere tanto una aplicación eficaz de la ley como una rendición de cuentas significativa. IOLERO se creó después de que los votantes aprobaran abrumadoramente la Medida P —con más del 60 % de los votos— tras la muerte de Andy Lopez a manos de un ayudante del sheriff. La supervisión civil ayuda a mantener la confianza pública y garantiza que las investigaciones se lleven a cabo con integridad.

Las citaciones judiciales y las investigaciones son herramientas fundamentales para las fuerzas del orden. Una supervisión independiente puede proteger a los residentes y, al mismo tiempo, salvaguardar a las fuerzas del orden y al sheriff frente a acusaciones falsas o infundadas. Cuando no se permite que la supervisión funcione según lo previsto por los votantes, los contribuyentes son quienes pagan las consecuencias. La actual negativa a cumplir con estas medidas le ha costado al condado, como mínimo, 500.000 dólares adicionales; fondos que podrían haberse destinado a programas comunitarios, mejoras tecnológicas e inversiones en seguridad pública.

También necesitamos salvaguardias claras en torno a las tecnologías emergentes. La participación del condado en litigios relacionados con el uso de drones por parte de los servicios de inspección y cumplimiento de normativas —incluidas las preocupaciones sobre la falta de notificación previa a los residentes— demuestra por qué son importantes la transparencia y la supervisión. Proteger la privacidad y, al mismo tiempo, limitar las responsabilidades legales y financieras evitables es propio de una gestión gubernamental responsable.

Trabajadores y familias inmigrantes: las economías del condado de Sonoma —en los sectores agrícola, de hotelería, construcción, servicios y emprendimiento— dependen de los trabajadores inmigrantes. Proteger sus derechos y su seguridad es tanto una responsabilidad moral como una necesidad económica.

Nuestras políticas de santuario deben aplicarse de manera coherente, incluso a los funcionarios electos. Los líderes electos deben respetar las políticas adoptadas para proteger a los residentes. La colaboración con el ICE que socava dichas protecciones puede generar temor, disuadir a los residentes de denunciar delitos o acceder a servicios, y debilitar nuestra economía.

Preparación inclusiva ante desastres: Debemos garantizar que nuestros residentes más vulnerables puedan acceder a ayuda rápidamente. Esto implica coordinar a las agencias del condado con organizaciones comunitarias, las COAD, gobiernos asociados y líderes comunitarios de confianza. La preparación debe contemplar el acceso en función del idioma y la discapacidad, así como tener en cuenta la edad, el transporte, la situación habitacional y otras barreras.

En última instancia, mi enfoque se basa en la prevención, la rendición de cuentas y la colaboración: prevenir el desplazamiento antes de llegar a la situación de calle, establecer la rendición de cuentas antes de que se pierda la confianza, proteger a los trabajadores antes de que las familias entren en crisis y preparar a las comunidades antes de que ocurra un desastre.

Todos merecen sentirse seguros, respetados, protegidos y bienvenidos en el condado de Sonoma.

Gracias,
Joanna Paun
Candidata a supervisora ​​del condado de Sonoma, Distrito 2 www.electjoannapaun.com

Joanna Paun, candidate for District 2 of the Sonoma County Board of Supervisors

I remain a strong voice for civilian oversight of local law enforcement, part of a broader commitment to transparency and accountability – a commitment that transcends Measure P and will be a guiding principle to my service as County Supervisor.

Joanna Paun As we look toward Sonoma County’s future, I believe we must lead with an upstream approach: protect people before they reach a crisis, strengthen the systems we already have, and ensure taxpayer dollars are invested in solutions rather than preventable liabilities.

Housing affordability and stability: We cannot have a safe, healthy county if residents cannot afford to remain here. With residents over 60 representing the fastest-growing population experiencing homelessness and housing instability, we need stronger protections for seniors and long-term residents. Policies such as mobile-home protections and preserving the last market-rate affordable housing options can prevent displacement. When people can afford housing, groceries, and health care, our community and economy thrive—and public programs can focus on helping residents advance rather than constantly responding to crisis.

Public safety and accountability: Strong public safety requires both effective law enforcement and meaningful accountability. IOLERO was created after voters overwhelmingly approved Measure P, with more than 60% of the vote, following the killing of Andy Lopez by a sheriff’s deputy. Civilian oversight helps maintain public trust and ensures investigations are conducted with integrity.

Subpoenas and investigations are fundamental law-enforcement tools. Independent oversight can protect residents while also protecting law enforcement and the Sheriff from false or unfounded accusations. When oversight is not allowed to function as voters intended, taxpayers pay the price. The current refusal to comply has cost the county, at minimum, an additional $500,000, money that could instead support community programs, technology upgrades, and public safety investments.

We also need clear safeguards around emerging technology. The county’s involvement in litigation related to code enforcement’s use of drones, including concerns about residents not receiving prior notice, demonstrates why transparency and oversight matter. Protecting privacy while limiting preventable legal and financial liabilities is responsible government.

Immigrant workers and families: Sonoma County’s agricultural, hospitality, construction, service, and entrepreneurial economies depend on immigrant workers. Protecting their rights and safety is both a moral responsibility and an economic necessity.

Our sanctuary policies should apply consistently, including to elected officials. Elected leaders should uphold policies adopted to protect residents. Cooperation with ICE that undermines those protections can create fear, discourage residents from reporting crimes or accessing services, and weaken our economy.

Inclusive disaster preparedness: We must ensure our most vulnerable residents can access help quickly. That means coordinating county agencies with community-based organizations, COAD, partner governments, and trusted community leaders. Preparedness must include language and disability access and account for age, transportation, housing status, and other barriers.

Ultimately, my approach is prevention, accountability, and partnership: preventing displacement before homelessness, establishing accountability before trust is lost, protecting workers before families reach crisis, and preparing communities before disaster strikes.

Everyone deserves to feel safe, respected, protected, and welcome in Sonoma County.

Thank you,
Joanna Paun
Candidate for Sonoma County Supervisor, District 2 www.electjoannapaun.com