Especialistas advirtieron en un encuentro organizado por American Community Media (ACoM) que, pese a las leyes estatales que limitan la colaboración con autoridades migratorias, el intercambio de información entre fuerzas policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas persiste a través de mecanismos poco transparentes.

La cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa siendo una práctica difícil de rastrear, incluso en estados que han aprobado leyes para restringirla. Correos electrónicos, bases de datos compartidas y notificaciones informales forman parte de los canales mediante los cuales esta relación sigue operando, según coincidieron especialistas en periodismo, derecho y políticas migratorias durante un encuentro virtual organizado por ACoM.

El encuentro reunió a periodistas, abogados e investigadores con amplia experiencia en acceso a la información y políticas migratorias. Participaron David Loy, director legal de la First Amendment Coalition; Thadeus Greenson, periodista especializado en cobertura judicial y de políticas públicas; Elizabeth Clemons, directora de capacitación y desarrollo de MuckRock; y Austin Kocher, investigador académico enfocado en sistemas de deportación y cooperación entre agencias policiales y migratorias en Estados Unidos.

El debate puso en evidencia las dificultades que enfrentan periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos para acceder a información pública que permita comprender cómo y cuándo se produce esta cooperación. Aunque existen leyes que garantizan el derecho a saber, las agencias suelen recurrir a retrasos, negativas o interpretaciones amplias de las excepciones legales para limitar el acceso a los registros.

Loy sostuvo que la opacidad en este ámbito no es casual. “Las decisiones vinculadas a inmigración afectan derechos fundamentales, y por eso muchas agencias son especialmente reacias a entregar información”, dijo.

Según explicó, los registros públicos han sido clave para demostrar que, en la práctica, la cooperación con ICE no siempre se ajusta a lo que establecen las leyes estatales.

En California, por ejemplo, documentos obtenidos mediante solicitudes de información han revelado intercambios de datos y comunicaciones previas a liberaciones de personas detenidas. “Estas prácticas rara vez aparecen en comunicados oficiales. Salen a la luz cuando alguien insiste en pedir los documentos adecuados”, afirmó.

Opacidad institucional y el rol del periodismo

Desde el ámbito periodístico, Thadeus Greenson señaló que muchas de estas investigaciones comienzan a nivel local.

“No suele haber anuncios públicos sobre la colaboración con ICE. Lo que existe son rastros administrativos: correos, contratos, memorandos internos”, explicó.

Para Greenson, el principal obstáculo no es solo acceder a los documentos, sino sostener el proceso frente a la resistencia institucional.

“La estrategia de muchas agencias es el desgaste. Apuestan a que el periodista se rinda”, dijo.

En ese contexto, remarcó la importancia de conocer las leyes de acceso a la información y de contar con respaldo legal cuando las respuestas no llegan o son incompletas.

Las herramientas digitales también han permitido fortalecer este tipo de investigaciones. Clemons explicó que plataformas especializadas ayudan a sistematizar solicitudes y a identificar patrones de opacidad.

“Incluso una respuesta negativa es información”, señaló. “La falta de transparencia también revela cómo opera una institución”.

Datos, demandas y rendición de cuentas

Desde el ámbito académico, Kocher explicó que la colaboración entre ICE y las fuerzas locales no depende únicamente de acuerdos formales.

“Muchas veces se da a través de prácticas cotidianas, decisiones administrativas o uso compartido de bases de datos”, señaló.

Esta fragmentación, advirtió, dificulta identificar responsabilidades y evaluar el impacto real de las políticas migratorias.

Kocher subrayó que lo que ocurre en una cárcel o comisaría local puede tener consecuencias directas en el sistema nacional de deportaciones.

“Sin acceso a datos, el debate público se queda en abstracciones”, afirmó.

Otro de los puntos abordados fue el uso de demandas judiciales como última vía para acceder a información. Loy explicó que, cuando las solicitudes fracasan, los tribunales se convierten en un espacio clave para defender el derecho del público a saber.

“No es el camino más rápido, pero en muchos casos es el único”, dijo.

Según detalló, distintos fallos judiciales han obligado a agencias policiales a entregar documentos sobre su interacción con autoridades migratorias, estableciendo precedentes que facilitan futuras investigaciones.

“Cada victoria legal amplía el acceso a la información para todos”, señaló.

El encuentro concluyó con una advertencia compartida: investigar la cooperación entre ICE y la policía local requiere tiempo, persistencia y recursos, en un contexto en el que las redacciones enfrentan crecientes limitaciones. Sin embargo, los panelistas coincidieron en que se trata de una tarea indispensable para entender cómo se ejerce el poder y cómo estas prácticas afectan directamente a comunidades migrantes.

Mientras las políticas migratorias continúen teniendo consecuencias profundas en la vida de millones de personas, el acceso a la información pública seguirá siendo una herramienta central para exigir transparencia y rendición de cuentas.