La medida genera temor entre familias inmigrantes por salud, alimentos y residencia.

La administración de Donald Trump ampliará nuevamente el alcance de la denominada regla de “carga pública” a partir del 18 de septiembre de 2026. La medida modifica la manera en que las autoridades migratorias evaluarán determinadas solicitudes de residencia permanente, conocidas como green cards, y les permitirá considerar un conjunto más amplio de circunstancias para determinar si una persona podría depender de beneficios públicos en el futuro.

El cambio también está generando preocupación entre familias de estatus migratorio mixto, donde uno o más integrantes pueden ser ciudadanos estadounidenses mientras otros atraviesan un proceso migratorio. Especialistas que participaron en una conferencia de prensa de American Community Media advirtieron que el efecto de la norma podría extenderse más allá de quienes solicitan una green card, debido al temor de las familias a utilizar programas de salud y alimentación como Medicaid, CHIP y SNAP.

¿Qué cambia para quienes solicitan una green card?

La regla de carga pública forma parte de la legislación migratoria estadounidense desde hace más de un siglo y busca determinar si una persona que solicita ingresar al país o convertirse en residente permanente podría depender principalmente de la asistencia del Gobierno. Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es qué se considera para realizar esa evaluación.

Desde el 18 de septiembre, las autoridades retomarán un enfoque más amplio que el criterio vigente desde 2022. Xiao Wang, CEO y cofundador de Boundless Immigration, explicó durante la conferencia que anteriormente los funcionarios contaban con criterios más concretos para evaluar la situación financiera de una persona. Con la nueva regla, podrán revisar el conjunto de circunstancias del solicitante.

Entre los factores que podrán considerar están su edad, estado de salud, situación familiar, recursos económicos y activos, educación, habilidades y otros elementos relacionados con su capacidad para mantenerse por sí mismo. Esto significa que la evaluación ya no estará limitada a determinados criterios económicos o al uso de beneficios específicos, sino que podrá tomar en cuenta una visión más amplia de la situación personal del solicitante.

La medida puede afectar principalmente a personas que solicitan una green card dentro de Estados Unidos mediante un ajuste de estatus, así como a quienes tramitan la residencia permanente desde el extranjero. Entre estos casos se encuentran solicitudes familiares presentadas por cónyuges, padres e hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Sin embargo, existen categorías que están exentas por ley, entre ellas refugiados y asilados, determinados menores inmigrantes especiales, sobrevivientes de trata, algunas víctimas de delitos que solicitan visas T o U y personas protegidas bajo VAWA. La regla tampoco se aplica a quienes ya tienen una green card y solicitan la ciudadanía estadounidense mediante naturalización.

Un punto relevante es la fecha de presentación. Según lo explicado durante la conferencia, las solicitudes de green card presentadas antes del 18 de septiembre continuarán siendo evaluadas bajo las reglas actuales, incluso si su resolución ocurre posteriormente. Para quienes ya están preparados y cumplen los requisitos para presentar una solicitud, hacerlo antes de esa fecha mantiene el caso bajo el estándar más limitado vigente actualmente.

Familias mixtas enfrentan el temor de perder beneficios

Aunque la regla está dirigida a determinados procesos migratorios, los especialistas alertaron sobre un efecto que puede alcanzar a familias que ni siquiera están directamente sujetas a ella. Se trata del temor de utilizar programas públicos por miedo a que hacerlo perjudique una futura solicitud migratoria.

Las familias de estatus migratorio mixto están especialmente expuestas a esta situación. Joan Alker, directora ejecutiva del Center for Children and Families de Georgetown University, explicó que uno de cada cuatro niños en Estados Unidos vive en una familia de este tipo. En estos hogares, los menores pueden ser ciudadanos estadounidenses mientras alguno de sus padres tiene un estatus migratorio diferente.

El temor puede llevar a que los padres dejen de inscribir a sus hijos en programas de salud o alimentación, incluso cuando esos niños son ciudadanos y cumplen con los requisitos para recibirlos. Durante la primera implementación de una versión más amplia de la regla, el Urban Institute encontró que uno de cada cinco adultos de familias inmigrantes con hijos había evitado utilizar un beneficio público para el que era elegible debido al temor de que afectara su situación migratoria. Entre las familias de menores ingresos, la proporción llegó a tres de cada diez.

Este efecto puede resultar especialmente relevante porque, según explicó Wang, los beneficios recibidos por familiares, incluidos los hijos ciudadanos estadounidenses, generalmente no son considerados como beneficios recibidos por el solicitante de una green card. Es decir, el temor de las familias puede terminar siendo mayor que el efecto real de la norma en determinados casos.

Por ello, los especialistas insistieron en la necesidad de analizar cada situación de manera individual antes de renunciar a un beneficio. Wang recomendó recurrir a abogados de inmigración o a organizaciones sin fines de lucro autorizadas para brindar asistencia migratoria, debido a que la elegibilidad y las consecuencias pueden variar según quién recibe el beneficio, qué programa utiliza y en qué etapa se encuentra el proceso migratorio.

Medicaid, CHIP y SNAP ya registran caídas

El temor ocurre además en un contexto en el que los programas de salud y alimentación ya están registrando importantes descensos en su participación.

Alker señaló que, hasta junio de 2026, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (CHIP) habían registrado 2,3 millones menos de niños inscritos en comparación con enero de 2025. La especialista aclaró que esta reducción no puede atribuirse directamente a la nueva regla de carga pública, porque todavía no entra en vigor, pero señaló que el miedo entre familias de estatus migratorio mixto es uno de los factores que podría estar contribuyendo a la caída.

Medicaid y CHIP cumplen un papel central en la cobertura médica infantil en Estados Unidos. De acuerdo con Alker, entre 40% y 50% de los niños del país han recibido su seguro médico a través de estos programas. Cuando una familia deja de contar con cobertura, puede ser más difícil acceder a controles médicos, atención preventiva y medicamentos. En el caso de enfermedades frecuentes durante la infancia, como el asma, la falta de atención temprana puede terminar llevando a situaciones de emergencia con mayores costos para las familias.

El impacto también alcanza la alimentación. El Dr. Giridhar Malia, médico de salud pública y Senior Policy Officer de la Robert Wood Johnson Foundation, explicó que SNAP brinda asistencia para la compra de alimentos a aproximadamente 37 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales cerca de cuatro de cada diez son niños. Los ciudadanos estadounidenses pueden acceder al programa, mientras que los residentes permanentes deben cumplir determinadas condiciones, incluido un periodo de espera de cinco años. Las personas indocumentadas no son elegibles para SNAP.

Durante la primera aplicación de la regla de carga pública, más de 700.000 niños de familias de estatus migratorio mixto perdieron SNAP en un periodo de dos años, según Malia. En total, estimó que aquella versión de la norma pudo estar relacionada con la pérdida de SNAP para cerca de dos millones de personas.

Actualmente, la participación en SNAP también viene disminuyendo. Malia señaló que los datos nacionales muestran una reducción de 4,5 millones de participantes durante los últimos nueve meses, incluidos cerca de 1,5 millones de niños. El especialista relacionó esta caída con cambios en las condiciones del programa, nuevos requisitos administrativos y otras modificaciones implementadas por la administración.

Para las familias, perder SNAP puede generar efectos adicionales. La participación en este programa puede permitir que los niños accedan automáticamente a comidas escolares gratuitas o de menor costo. Cuando una familia deja de recibir SNAP, los menores pueden perder esa elegibilidad automática y tener que presentar documentación adicional para demostrar que cumplen los requisitos.

Los especialistas coinciden en que el impacto de la nueva regla no se medirá únicamente por la cantidad de solicitudes de green card que sean evaluadas bajo el nuevo criterio. También será relevante observar cuántas familias dejan de utilizar programas a los que tienen derecho por temor a consecuencias migratorias.

La entrada en vigor está prevista para el 18 de septiembre de 2026. Mientras tanto, las organizaciones y especialistas que participaron en la conferencia recomiendan que las familias no tomen decisiones únicamente basadas en rumores o temor y que consulten su situación específica con profesionales de inmigración u organizaciones autorizadas. El desafío será distinguir qué beneficios pueden tener consecuencias reales para un proceso de residencia y cuáles corresponden a familiares que no son los solicitantes.